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Lánguidos sistemas carcelarios en América Latina

Las deficiencias en los sistemas carcelarios de América Latina están engendrando serias violaciones a los derechos humanos de los presos y, al tiempo, permiten que el hampa asuma el control al interior de las prisiones, beneficiándose del hacinamiento y las malas condiciones de salubridad que ponen en evidencia que en la región se necesita una revisión de las actuales políticas penitenciarias.

La más reciente evidencia de ello la aportó la fuga de 131 prisioneros del penal estatal de Piedras Negras, al norte de México, en la que se considera la segunda mayor fuga durante el Gobierno de Felipe Calderón, que tuvo su más cruda crisis penitenciaria el 17 de diciembre de 2010, cuando 141 reos se fugaron de la cárcel de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, tal vez, la más vulnerable del país a las huídas.

Lo acaecido el pasado lunes en Piedras Negras, ubicado en el estado de Coahuila, se presume fue auspiciado por el cártel de Los Zetas y cubre con un manto de duda e inseguridad la gestión del presidente Calderón en materia penitenciaria.

Solo en el Ciudad de México, donde se ubican 16 centros carcelarios, las prisiones presentan un hacinamiento de cerca del 100%, pues albergan a 42 mil presidiarios, cuando su capacidad máxima es de 22 mil personas, según indicó en febrero la representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Rosalina Salinas.

Sin embargo, Enrique Peña Nieto, quien asumirá la Presidencia mexicana el próximo primero de diciembre, no será el único que encuentre una caótica situación penitenciaria en su país. Quien resulte vencedor de los comicios del 7 de octubre en Venezuela deberá encargarse de aliviar el convulsionado régimen carcelario venezolano.

Así lo demuestra, entre copiosos hechos, la reyerta entre internos ocurrida el 19 de agosto pasado en la prisión de Yare I, al sur de Caracas, en la que murieron 25 presos, un familiar que se encontraba de visita y se registraron 43 heridos. Entonces, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló la cárcel no cumplía con los estándares de seguridad, ya que tenía un hacinamiento del 320%, alojando a 3.150 personas, cuando fue construido para no más de 750.

Antes, el 2 de julio, se presentó un motín en el Centro Penitenciario de la Región los Andes (Cepra), ubicado en Mérida, en el oeste venezolano, que se prolongó hasta el 21 de julio y cobró la vida de 22 personas, según el diputado y exgobernador de Mérida William Dávila. Pero la crisis penitenciaria en Venezuela ya había cobrado visibilidad el 13 de junio de 2011, cuando los reos de las cárceles Rodeo I y II, cercanas a Caracas, se agolparon en las instalaciones de las cárceles, y solo fueron controlados un mes después con la intervención de más de 5.000 hombres de la Guardia Nacional –episodio que le costó una millonaria multa al canal Globovisión–.

De acuerdo con los datos del OVP, el primer trimestre de 2012 murieron en las cárceles 35 venezolanas 304 personas y hubo 527 heridos, registrando un aumento del 15% comparado a los registros del año anterior. Aunado a la indomable violencia, el hacinamiento ha recrudecido los problemas penitenciarios en Venezuela, pues, aunque las prisiones tienen capacidad para 14.500 presos, albergan alrededor de 45 mil, una problemática reconocida por el propio Gobierno.

La solución planteada por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, es la construcción de 24 nuevas penitenciarías, en los próximos dos años, pero aún es necesaria una salida para que se descongestione el sistema judicial, ya que el 60% de los reclusos venezolanos están en reclusión provisional esperando su juicio.

Apoyadas en los hechos, las ONG se han manifestado inconformes con la gestión del Gobierno venezolano en materia carcelaria y sostienen que ya son 5.370 presidiarios muertos y 15.131 heridos desde 1999, año desde el que Hugo Chávez está en la Presidencia.

En este orden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló el pasado 10 de mayo el primer informe sobre Personas Privadas de Libertad de 2011, en el que es enfática al señalar que el hacinamiento es un patrón en la mayoría de las cárceles latinoamericanas, afectadas también porque, habitualmente, los presos se consolidan como los jerarcas al interior de las prisiones en países como Honduras y Colombia, lugar en que el sistema penitenciario enfrenta problemas estructurales de tiempo atrás.

El brote de tuberculosis que afecta a 11 personas en las cárceles Modelo y La Picota, en Bogotá, han puesto en evidencia las deficiencias en salubridad que enfrentan las prisiones colombianas, que se ven afectadas, además, por una sobrepoblación de 48%, ya que las 142 que administra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) albergan a 111.979 presos, cuando no deberían ser más de 75.676.

Con el objetivo de reducir el hacinamiento, el ministerio de Justicia ha tramitado la salida de más de 10 mil internos y ha ofrecido prácticas a 736 estudiantes de derecho que puedan colaborar para descongestionar el sistema judicial que tiene pendientes fallos que podrían reducir el número de reclusos.

No es muy distinta esta problemática en Honduras, que también ha dado muestras claras de las limitaciones de sus prisiones, señaladas en mayo pasado por una misión del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas que aseguró que el Gobierno hondureño no ha cumplido con las recomendaciones que le hizo en 2009 y el hacinamiento persiste.

La precariedad en las cárceles hondureñas la encarnó ante el mundo el incendio del pasado 14 febrero desencadenado en la Granja Penal de Comayagua, en San Pedro Sula, al norte del país, que dejó 361 muertos, una prisión que, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Honduras, albergaba a 852 presos, cuando su capacidad era para 250.

Tras el hecho, el 27 de marzo, en una audiencia en la CIDH, el Estado reconoció oficialmente el hacinamiento que sus 24 penitenciarías afrontan cuando hospedan a 12.246 reos –de los cuales el 52,4% no están sentenciados– siendo 8 mil su cupo máximo.

Situaciones similares se manifiestan en Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Bolivia. Las cárceles uruguayas, con capacidad para 6.443 reclusos, tienen 8.863, mientras que en las 15 prisiones costarricenses, que no deberían alojar a más de 9,482 presidiarios, tienen 12.154, una superpoblación de 28,1 %, de acuerdo con la Defensoría de los Habitantes.

Por otra parte, los 21 centros penales salvadoreños tienen capacidad para unos 8.300 internos, pero actualmente albergan a 25.411, y el Gobierno boliviano ha reconocido, igualmente, que podría indultar a alrededor de 5 mil reclusos, de los 13 mil que están en sus cárceles, si son pobres o indígenas, con el fin de aliviar el hacinamiento.

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